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Ure, Carlos E. Publicado en: la ley 1/04/2016, Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L ~ 2015-11-25 ~ Driz, Víctor Matías c. Aconcagua Transportes srl s/ daños y perjuicios (acc tran c/ les o muerte) Sumario: I

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Ure, Carlos E. Publicado en: la ley 1/04/2016, Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L ~ 2015-11-25 ~ Driz, Víctor Matías c. Aconcagua Transportes srl s/ daños y perjuicios (acc tran c/ les o muerte) Sumario: I





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Límites para la responsabilidad por costas. Artículo 730 del Código Civil y Comercial

Ure, Carlos E. 




Publicado en: LA LEY 01/04/2016, 5


Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L ~ 2015-11-25 ~ Driz, Víctor Matías c. Aconcagua Transportes SRL s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)


Introducción.—_II._La_ley_24.432._—_III._Insistencia_en_el_error._—_IV._Las_cosas_claras._—_V._El_treinta_por_ciento.'>Sumario: I. Introducción.— II. La ley 24.432. — III. Insistencia en el error. — IV. Las cosas claras. — V. El treinta por ciento.

Cita Online: AR/DOC/528/2016




  1. Introducción


En ámbitos doctrinarios no dejó de llamar la atención la inclusión del último párrafo del artículo 730 del reciente Código Civil y Comercial de la Nación, porque reproduce casi textualmente el artículo 505 del anterior Código Civil, cláusula reiteradamente declarada inconstitucional por nuestros tribunales (1).

Dice la nueva norma, que se refiere a los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, que éste puede emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado, hacérselo procurar por otro a costa del deudor u obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Hasta ahí, vamos bien. Pero además agrega:

"Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas de acuerdo a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".

II. La ley 24.432

Promulgada el 5 de Enero de 1995 y destinada a recortar desde todos los ángulos posibles el salario de los profesionales del derecho (eran épocas de desregulación y dominantes intereses corporativos), la ley 24.432 incorporó al artículo 505 del Código Civil un enunciado idéntico al que quedó transcripto.

Ese sistema, instrumentado en el artículo 1° de la ley (repárese bien: es la norma inicial y da la clave de toda la reforma), exime del pago de una porción de las costas (¿menor, sustancial?) a la parte que litigó sin derecho y perdió el juicio.

Como contrapartida de este dispositivo, o el cliente que se vio obligado a estar en juicio y lo ganó debe asumir la parte de los honorarios de sus abogados que quedan fuera de la prorrata, o de lo contrario, esa cuota no resultará cancelada por nadie, con el consiguiente recorte, incausado, de la remuneración generada por el trabajo letrado y procuratorio.

Por otro lado (conviene mirar todos los aspectos), es posible que los abogados del perdedor terminen percibiendo un emolumento superior al de sus contrarios, ya que su asignación no entra en el reparto y su cliente tiene que cancelarla de manera integral (2).

Una prescripción semejante a la que se cuestiona fue sancionada para las causas del trabajo (artículo 8° de la ley 24 432, que introdujo un agregado al artículo 277 de la ley 20.744).

Cabe preguntarse entonces: ¿cuál puede ser el fundamento constitucional de la exención legal acordada al incumplidor? ¿concuerda con los postulados del artículo 14 bis que se despoje a un trabajador (profesional del derecho en ejercicio) de un segmento de su salario legal? ¿tiene sentido que quien reclama una indemnización, se vio compulsado a pleitear y triunfó, vea disminuido su resarcimiento porque debe hacerse cargo parcial de los gastos del juicio? ¿puede existir una obligación sin deudor? ¿el sistema "sub examen" se ajusta al "substractum" ético del derecho? ¿constituye un buen ejemplo para el cuerpo social?

Nunca estuvo en claro, por lo demás, si la tasa de justicia y los otros gastos causídicos debían incluirse en la partición, pero en caso que la respuesta fuese afirmativa, porque el texto legal así parece indicarlo, ello rebajaría aún más las cuotas de abogados y procuradores. Esta perspectiva se ve obviamente acentuada en los procesos en los que intervienen varios peritos (la distribución incluye "los honorarios profesionales de todo tipo").

Desde un ángulo complementario, cabe advertir asimismo que el beneficio se otorga sólo a quienes desatienden sus obligaciones, pero no a los demás litigantes de cualquier fuero o materia (juicios voluntarios, usucapión, divisiones de condominio, fijación de plazo). Tampoco se aplica en las causas en las que no hay imposición de costas o cuando el actor que peticiona la ejecución de una obligación es vencido, porque en este supuesto, no mediará "incumplimiento de la obligación". La acumulación impune de incidentes, a mayor abundamiento, configura una prebenda acordada graciosamente a todos los émulos de Monsieur Chicaneau (3).

III. Insistencia en el error

Llama la atención que, en el marco del contexto citado, el Congreso de la Nación haya aprobado en octubre de 2014 la norma a que nos venimos refiriendo, cuya matriz inconstitucional ha sido expresada una y otra vez (4).

Pareciera, de todos modos, que el patrón legal está destinado a tener corta vida, porque entró en vigencia el 1° de Agosto de 2015, y escasos meses después, el 25 de Noviembre de ese año, un tribunal de alta autoridad, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, dictó el fallo que se comenta, que si bien declaró inconstitucional el método del artículo 505 del Código anterior, contiene considerandos que permiten extender su doctrina tal cual al artículo 730 del ordenamiento nuevo.

El fundamento sustancial del veredicto, sostenido por los Dres. Gabriela A. Iturbide y Víctor Fernando Liberman, destaca que la operatoria legal incursiona abiertamente en cuestiones de orden procesal y de reglamentación del desempeño de las profesiones, tópicos ambos expresamente reservados a las jurisdicciones provinciales, por tratarse de poderes no delegados a la Nación en el esquema del régimen republicano y federal argentino. Este sólo argumento, sin duda visceral, le alcanza al tribunal para fallar como lo hace, y lo autoriza a prescindir de todas las restantes impugnaciones de las que es serio blanco la regla invalidada (5).

IV. Las cosas claras

La sentencia en análisis contiene además una ampliación de fundamentos sobre la que vale la pena detenerse. El voto del Dr. LIBERMAN, en efecto, luce un lenguaje cristalino y enérgico.

Comienza por introducirse en la "ratio legis" de la fórmula originaria, y en esta dirección apunta directamente a los grandes deudores institucionales como ideólogos y beneficiarios de la franquicia. La disección parece correcta, porque no hay duda que más allá del declamado propósito de reducir los costos judiciales, la intención última de la reforma arancelaria de 1995 fue la de disminuir el alcance de las costas a cargo del Estado, compañías de seguros y otros potentes consorcios pertinazmente renuentes a la aceptación de sus deberes.

Va de suyo que la flamante metodología no produjo mengua alguna en el número de las contiendas llevadas a los tribunales. Pero si sirvió para favorecer a las entidades mencionadas, desfavoreció en cambio de manera inicua al litigante común, destinatario anónimo de un hecho o acto injusto y a sus letrados, "mediadores imprescindibles entre los derechos de las personas y su reconocimiento judicial". "Todas las personas son iguales ante la ley y gozan, sin discriminación, de igual protección de la ley", sostiene el Dr. Liberman. Mas para la ley argentina, los sujetos institucionales son más iguales que los sujetos humanos (6). La recomendación que emana del precepto legislativo a fin de desalentar el acceso a la justicia: "no litigue, porque si gana, igual pierde" aparece inicua.

Plantea igualmente este voto el conflicto de intereses que el caso presenta entre normas que se contraponen: la ley 24.432 (hoy artículo 730 del Código Civil y Comercial), de protección a los deudores, y el derecho positivo que garantiza por un lado la integridad de la remuneración generada por la labor profesional (artículos 14 de la Carta Magna, 1, 8 y 49 de la ley 21.839 y 11 de la ley 5134 de CABA, sin ir más lejos), y por otro, la intangibilidad de la reparación por los daños causados (la prescripción del artículo 1740 del Código nuevo es categórica). En el marco de esta exploración, dicho Juez desecha como silogismo absurdo la hipótesis de que el ganador deba pagarle a su abogado por el segmento que queda flotando en el aire, esto es, la porción no cubierta por la condena en costas.

Descriptas así las cosas, pocas dudas pueden caber en orden a la solución a adoptarse, porque ella sobreviene sola, como derivado directo de los principios, derechos y garantías consagrados por los artículos 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

V. El treinta por ciento

Al emitir opinión la Dra. Marcela Pérez Pardo asimila a su vez los artículos 505 y 730 de ambos Códigos, y señala que la reciente determinación del legislador, en el sentido de mantener la primera de esas normas a través de su reproducción en la segunda, conforma un tema reservado al Congreso, extraño como principio al control judicial de constitucionalidad. Ello en cuanto se trata de una materia de política gubernativa general, relativa a la distribución de los costes judiciales.

"El temperamento legal se ha renovado" tal cual, sostiene entonces dicha Camarista, quien subraya la inconveniencia de que el Poder Judicial sustituya al Legislativo en materias de su competencia específica. Sin embargo, la afectación constitucional quedaría configurada, según lo precisa y esto es importante, cuando el recorte del emolumento profesional consecuencia de la prorrata supere el treinta por ciento (30%). Para definir este criterio, sigue criterios conocidos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo sin desconocer la naturaleza alimentaria de los honorarios.

(1)  (1) ARAZI, Roland: "Aciertos y Comentario Crítico del Código Civil y Comercial", L.L., 2015-E, suplemento diario del 11 de Noviembre de 2015).

(2)  (2) CNTrab., Sala III, 31 de Octubre de 2011, "Quintana, Javier c. AF Construcciones S.R.L.", elDial.com, AA7329

(3)  (3) Racine, "Les Plaideurs".

(4)  (4) CNCiv., Sala L, 18 de Julio de 2014, "Polo, Nadina c. Alba, Susana", expte. 98.251/07; CNTrab., Sala III, 14 de Febrero de 2000, "Ybarra, Rogelio c. Sauler S.A.", Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Julio de 2000, 36-55, y 31 de Mayo de 2011, "Pacheco, Carlos c. Integración Eléctrica Sur Argentino S.A.", expte. 3179/07; Sala V, 30 de Diciembre de 2011, "Braggio, Pablo c. Agrícola Capitán Sarmiento S.A.", L.L., 2012-B, 31; Sala VI, 8 de Septiembre de 2010, "Seguí, Sebastián c. Karoma S.R.L.", D.J., 2011-72; Sala X, 30 de Octubre de 1998, "Albornoz, José c. Establecimientos Gamar S.A.", L.L., 2000-A, 50, y 13 de Julio de 2004, "López, Ramón c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", L.L., 2004-F, 251; TT 4 San Isidro, 14 de Febrero de 2006, "Pardo, Adrián c. IBM S.A.", expte. 6374, entre muchísimos otros.

(5)  (5) la misma tesis fue sostenida por FONTÁN, Carmen, "Honorarios y aranceles profesionales. Ley 24 432: el federalismo en terapia intensiva", L.L., 1995-A, 1188; FERRER, Adán Luis, "Limitación a las costas judiciales. Ley 24 432. Contenido y Constitucionalidad", Revista Foro de Córdoba, 25-115 y "Limitación de las costas judiciales", Editorial Alveroni, Córdoba, 1995, p. 14; SARACHO CORNET, Teresita y OLIVA FUNES, Jorge, "Los honorarios profesionales y la ley 24 432", Editorial Mateo García, Córdoba, 1996, p. 56; también: CSN, 18 de Febrero de 1997, "Cadopi, Carlos c. Provincia de Buenos Aires").

(6)  (6) GEORGE ORWELL, "Rebelión en la Granja".





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