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Voces: responsabilidad civil ~ unificacion civil y comercial ~ codigo civil y comercial de la nacion ~ ley aplicable ~ aplicacion de la ley ~ daños y perjuicios ~ dañO ~ VALUACION DEL dañO ~ indemnizacion de las consecuencias no patrimoni

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Voces: RESPONSABILIDAD CIVIL ~ UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ LEY APLICABLE ~ APLICACION DE LA LEY ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO ~ VALUACION DEL DAÑO ~ INDEMNIZACION ~ INDEMNIZACION DE LAS CONSECUENCIAS NO PATRIMONIALES ~ RETROACTIVIDAD DE LA LEY ~ INTERPRETACION DE LA LEY ~ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL ~ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ~ CONTRATO ~ CONTRATO DE CONSUMO ~ RELACION DE CONSUMO ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ CONSUMIDOR

Título: La responsabilidad civil y el derecho transitorio

Autor: Galdós, Jorge Mario

Publicado en: LA LEY 16/11/2015, 16/11/2015, 3

Cita Online: AR/DOC/3711/2015

Sumario: I. Introducción. — II. El art. 7 CCCN y la eficacia temporal. — III. Las pautas interpretativas en materia de responsabilidad civil.


Abstract: En materia de responsabilidad civil no se advierten dificultades insalvables que no puedan ser superadas mediante una interpretación sistémica, conforme el sistema del diálogo de fuentes, las reglas de interpretación y el deber de los jueces de resolver de modo razonable y coherente, en el marco del derecho civil constitucional —arts. 1º, 2º, 3º y concs., Código Civil y Comercial—. Es que la "nueva" responsabilidad civil se sustenta en lo "muy bueno" de la "vieja" del Código de Vélez Sarsfield, enriquecido con la reforma de 1968, con las modificaciones propuestas por la doctrina para mejorarla. No hay sorpresas ni habrá problemas insolubles de derecho transitorio ni de otro tipo.

(*)

I. Introducción

Nos proponemos efectuar algunas consideraciones sobre la aplicación del art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC) a los juicios en los que se discuten los daños derivados de la responsabilidad civil. Las reflexiones, sin dejar de lado sus fundamentos dogmáticos y normativos, están particularmente dirigidas a formular pautas o estándares de interpretación que sirvan de guía para acometer esta etapa de implementación del nuevo Código, que entró en vigencia el 1° de Agosto de 2015. Ello, con la aclaración de que sólo se trata de bosquejar parámetros generales, aproximativos al tema, que no pretenden abarcar todas las hipótesis posibles sino sólo las más frecuentes. Primero haremos una descripción genérica y simplificada de las reglas previstas por el art. 7° CCCN y luego nos referiremos a su aplicación práctica en los juicios por daños.

II. El art. 7 CCCN y la eficacia temporal

El punto de partida lo constituye el artículo 7° CCyC, muy similar al art. 3° del Código Civil derogado (en adelante Cód. Civil), según la modificación de la ley 17.711 que dejó de lado las nociones de derechos adquiridos y derechos en expectativa contemplada por Vélez Sarsfield (arts. 3, 4,5, y 4044 y 4045 y sus notas Cód. Civil) reemplazándolas por la de consumo jurídico o hechos cumplidos (1). Esa norma está inspirada en la obra del jurista francés Paul Roubier, sobre la base de las ponencias presentadas y aprobadas en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil (de 1961) y generó un rico debate doctrinario y académico, cuyas conclusiones mantienen plena actualidad. Tan es así que la opinión de Moisset de Espanés, expresada en aquella oportunidad, constituye un insoslayable argumento de autoridad que hoy guía los criterios interpretativos del art. 7 CCyC (2).

El mencionado dispositivo legal dice: "Art. 7°.— Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo."

Debe destacarse que el nuevo Código tiene algunas previsiones expresas de derecho transitorio en aspectos puntuales; por ejemplo el art. 2537 CCyC sobre la modificación de los plazos de prescripción; los arts. 2466 y 2472 CCyC determinan la ley que rige la validez y la forma del testamento; el art. 2075 CCyC dispone la adecuación del marco legal de los conjuntos inmobiliarios existentes con anterioridad que deben someterse al régimen de los derechos reales; los arts. 8 y 9 de la ley 26.994 de sanción del nuevo Código se refieren a la conversión de la separación personal en divorcio, a los nacimientos por técnicas de reproducción humana asistida, entre otros.

Las tres pautas básicas que establece la norma son las siguientes:

-Principio de aplicación inmediata del nuevo Código. Constituye la regla general del sistema (3) y significa que la ley nueva rige a partir de su sanción por lo se aplica para el futuro, para "adelante" en el tiempo, pero la ley nueva también alcanza y comprende los efectos no agotados de las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad. Por eso el CCyC se aplica a las consecuencias no consumidas, no agotadas, no cumplidas o no operadas de las relaciones o situaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia y a las relaciones que se constituyan en el futuro (4).

-Principio de irretroactividad de la ley, sea o no de orden público, que prohíbe aplicar retroactivamente el nuevo Código, salvo supuestos especiales autorizados por el legislador siempre que no afecte derechos amparados por garantías constitucionales. Esta regla constituye el limite de la regla anterior: la aplicación inmediata de la ley nueva no puede alcanzar a las relaciones constituidas cuyos efectos se hayan producidos. La ley nueva, es decir el Código Civil y Comercial, no rige para los hechos definitivamente cumplidos o agotados ni para las consecuencias concluidas. El principio de irretroactividad está dirigido al juez, pero el legislador puede regular su aplicación normativa con el límite constitucional de la no afectación de garantías constitucionales, en el derecho argentino es de origen legal y no tiene raigambre constitucional, jerarquía que recae solo sobre las leyes penales (art. 18 Const. Nac.) (5).

-Principio de aplicación diferida, prolongada o de ultraactividad en materia de contratos y de normas dispositivas. Se sigue aplicando el Código anterior, salvo dos supuestos: que las nuevas normas sean imperativas (o sea cuando no son disponibles por los particulares) y que en las relaciones de consumo se trate de normas más favorables al consumidor.

Los principios mencionados anteriormente que —salvo en lo atinente a las normas imperativas en materia de consumo estaban previstos en el régimen del Código derogado— no habían generado mayores problemas interpretativos (6).

A este esquema pueden agregarse otras tres reglas generales: es necesario diferenciar la naturaleza contractual o extracontractual de las relaciones jurídicas; las normas de naturaleza procesal son de aplicación inmediata; las normas del nuevo Código Civil y Comercial constituyen doctrina interpretativa de las normas del Código derogado. Sin perjuicio de ello pueden también inferirse algunas pautas específicas adicionales que se desprenden del Código Civil y Comercial: la consagración del paradigma del diálogo de fuentes y la constitucionalización del derecho civil así como compatibilidad general del régimen actual de responsabilidad con el derogado (salvo excepciones, por ejemplo la responsabilidad del Estado) por lo que no se deberían presentar demasiadas dificultades interpretativas.

En realidad el marco de conflicto de aplicación temporal de la ley se circunscribe a los supuestos de soluciones normativas contrapuestas con relación a las situaciones no agotadas, pendientes o en curso en el momento de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (1° de Agosto de 2015). Este es el verdadero núcleo de discrepancias.

Para interpretar el art. 7° CCyC es necesario previamente prestar atención a: los conceptos de situación y relación jurídica; distinguir la situación y la relación jurídica de sus "consecuencias" jurídicas; diferenciar las etapas en las que puede hallarse la relación jurídica al momento de la entrada en vigencia del nuevo Código: nacimiento, modificación o extinción y en curso.

El artículo unifica el tratamiento de las relaciones y situaciones jurídicas que Borda distinguía conceptualmente del modo siguiente: "relación jurídica es aquella que se establece entre dos o más personas, con un carácter peculiar y particular, esencialmente variable; las más frecuentes son las que nacen de la voluntad de las partes: contratos, testamentos. Aún nacidas de la ley, como por ejemplo la obligación de reparar los daños, pueden ser modificadas por la voluntad de los titulares. La relación jurídica desaparece con el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la obligación". La situación objetiva —continuaba— es permanente; los poderes que de ella derivan son susceptibles de ejercerse indefinidamente, sin que por ello desaparezca la situación o poder; está organizada por la ley de modo igual para todos. Ejemplos característicos son el derecho de propiedad y, en general, todos los derechos reales; la situación de padre, hijo, esposo, etcétera" (7). Llambías acotaba que la relación es un fenómeno pleno de dinamismo y relativamente efímero (una determinada persona está obligada a adoptar un comportamiento debido) mientras que la situación es un modo más permanente y objetivo de estar alguien con respecto a otro (por ejemplo los derechos reales) (8).

Empero y como lo propone Moisset de Espanés, por razones de practicidad y economía conviene utilizar ambos términos de manera indistinta y como sinónimos (9). En lo vinculado con los efectos o consecuencias algunos autores, en posición minoritaria, los diferencian entre sí (10), y Llambías afirmaba que las consecuencias comprendían sólo a las derivaciones de hecho o fácticas que reconocen su causa eficiente en una relación o situación (11). No obstante, prevalece el criterio contrario de que son términos intercambiables y que comprenden todas las derivaciones, de hecho y jurídicas, provenientes de la relación jurídica, es decir todas las derivaciones que reconozcan su causa u origen en ella.

Sobre las relaciones jurídicas, una vez más, cabe destacar que en la mayoría de los casos no son "realidades instantáneas desde el punto de vista del tiempo material, sino sucesiones de hechos, conductas, actos y consecuencias que se producen a lo largo del tiempo (12). Por ello y al momento de entrar en vigencia el nuevo Código la relación jurídica puede encontrarse en una de las etapas o fases posibles: nacimiento, modificación o extinción y en curso. Este último supuesto es el que ofrece más dificultades. También se suele distinguir directamente entre los hechos cumplidos o hechos en curso.

Las relaciones o situaciones jurídicas nacen, se modifican o se extinguen en virtud de hechos a los que la ley le asigna efectos generadores o "constitutivos"; estos "hechos constitutivos" (comprensivos de los hechos modificatorios y extintivos, tal como también lo enseña Moisset de Espanés) siempre son regidos por la ley vigente en el momento de su producción (13). En cambio las consecuencias, efectos o derivaciones de esas situaciones caen bajo la órbita de la ley anterior si están totalmente consumidas o agotadas; las consecuencias en curso y las posteriores al 1° de Agosto están comprendidas en el Código Civil y Comercial.

Por consiguiente y en materia de obligaciones de origen extracontractual o legal el Código derogado rige: para las relaciones constituidas (en sentido amplio comprensivo de las modificadas y extinguidas) bajo la ley anterior; para los efectos ya cumplidos de las relaciones preexistentes; el Código Civil y Comercial rige para las nuevas relaciones jurídicas constituidas a partir de Agosto de 2015; los efectos no producidos y para los no agotados de la relación jurídica anterior.

En materia contractual la regla es la supervivencia del Código anterior en las relaciones jurídicas reguladas por las leyes supletorias. De ahí la necesidad de diferenciar las normas imperativas de las supletorias. Se afirma que las normas son imperativas cuando prevalecen sobre la voluntad de los particulares quienes no pueden dejarlas de lado; en cambio las supletorias o dispositivas son aquellas que las partes de común acuerdo pueden modificar o dejar sin efecto. Algunos autores equiparan las normas supletorias con las dispositivas y las interpretativas, por un lado, y las normas interpretativas con las de orden público, por el otro. Siguiendo a Stiglitz puede afirmarse, con base en el principio de la autonomía de la voluntad, que es imperativa cuando (a diferencia de las supletorias o dispositivas) por mandato legal la norma asume condición de regla preferente en la escala de valores por sobre el precepto privado (14). El art. 962 CCyC, que recepta su opinión, dispone que "Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto, resulte su carácter indisponible". En tal sentido es importante remarcar que el nuevo Código muchas veces utiliza el concepto de normas indisponibles (art. 963 inc. a, 1709 inc. a) como equivalente a las normas imperativas (art. 150 inc. a). También ese autor, participando de la tesis de LLambías, distingue las normas imperativas de las normas de orden público: en las normas imperativas la "imperatividad" resulta impuesta por el ordenamiento jurídico por sobre la voluntad de las partes o la regla general; en las normas imperativas de orden público lo que se destacan son los motivos o fundamentos en virtud de los cuales la ley le otorga la imperatividad (15).

No siempre es tarea sencilla determinar si una norma es imperativa y el ejemplo clásico de norma imperativa de orden público es la legislación de emergencia económica (16).

Señalamos, de modo ejemplificativo, que una postura sostiene que en el Código actual son reglas imperativas de aplicación inmediata las siguientes: "a) las disposiciones sobre publicidad e información en los contratos bancarios (arts. 1379 y 1382) y la facultad de rescindir los contratos bancarios por tiempo indeterminado (art. 1383); b) el art. 1010, segunda parte; c) el art. 1170 que resuelve el problema de la oponibilidad del adquirente por boleto frente al embargante del vendedor; d) la posibilidad que tienen las partes de acudir a las soluciones del art. 1134, para evitar las consecuencias que, frente a la falta de determinación del precio por el tercero designado, traían el art. 459 del Código de Comercio y el art. 1350 del Código Civil; e) en la compraventa de inmuebles la obligación que, según el art. 1138, tiene el vendedor de pagar los tributos que graven la venta, pues tal indicación del responsable fiscal no parece disponible por las partes"; etc. (17).

En el régimen vigente existen distintas opiniones sobre la naturaleza supletoria o imperativa del art. 765 CCyC que admite que el deudor de obligaciones de dar moneda que no sea de curso legal se libera dando el equivalente en moneda de curso legal.

En suma: los contratos se siguen rigiendo por la ley anterior, con dos excepciones: que se trate de normas imperativas e indisponibles para los particulares (arts. 150, 962,963, 1709, 1082 CCyC) o que resulten aplicables las muevas normas más favorables para el consumidor en el marco de la relación de consumo, siempre para los efectos o consecuencias en curso y no agotadas o no consumidas. El Código Civil y Comercial contiene numerosas normas tuitivas del consumo y regula la relación y los contratos de consumo (arts. 1092, 1093, 1094, 1095), las prácticas abusivas que afectan la formación del consentimiento (arts. 1096 a 1099), los contratos bancarios con consumidores y usuarios (art. 1384); además las normas que regulan la relación de consumo son aplicables al tiempo compartido (art. 2100) y al cementerio privado (art. 2111) y las normas relativas a las prácticas abusivas y a la información así como de publicidad dirigida a los consumidores (arts. 1096 a 1099 y 1100 a 1103) se aplican a los consumidores y usuarios y se extienden al consumidor expuesto (arts. 1096 CCCN).

En definitiva y siguiendo otra vez la opinión de Moisset de Espanés: si una norma imperativa reemplaza a otra norma imperativa se aplica de inmediato a los contratos en curso de ejecución; si una norma imperativa reemplaza a una supletoria se aplica de inmediato a las consecuencias no agotadas del contrato; la ley nueva no puede afectar nunca la consecuencias anteriores a su vigencia (18). Además si una norma supletoria reemplaza a otra supletoria el art. 7° actual dispone que su aplicación no es inmediata sino diferida, es decir se aplica la ley vieja (19). Las normas de protección de la relación de consumo más favorables al consumidor rigen a partir del 1° de Agosto para las consecuencias o efectos no agotados.


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