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Ypf. Programa de propiedad participada

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Sala VII. Boutigue.Ruiz Díaz.Billoch.



La contienda promovida por los sujetos legitimados para obtener el reconocimiento de su calidad de accionistas de YPF S.A. no es una contienda laboral. Esto, que surge de la misma naturaleza de la pretensión, ha sido definitivamente establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver la cuestión de competencia planteada en la causa: “Albornoz, Domingo A. c/. Y.P.F. S.A. s/Proceso de conocimiento” (fallo del 17/11/98).

Causa 2178/98 Fecha: 26/02/99“Milano, Héctor Alfredo c/YPF SA. Y otro s/Participación Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.



Corresponde declarar la incompetencia de la justicia nacional del Trabajo para entender en las demandas promovidas por los trabajadores de YPF SA, tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos sobre las acciones clase "C", correspondientes al régimen de propiedad participada de dicha empresa y en el marco de las disposiciones emergentes de las leyes 23969, 24145, decretos 2778/90, 584/93 y 1106/93 y restante normativa de aplicación (cf. "Albornoz, Domingo A. c/ YPF S.A. y otro s/ proceso de conocimiento" CSJN 17/11/98).

SI 3067. Fecha: 31/5/99. "Parraga, Felix Hugo c/ YPF y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Balestrini. Pasini.



La condición de adquirente de un programa de propiedad participada no implica para el trabajador en tanto tal, independientemente de su condición de adquirente, modificación alguna en su situación jurídica laboral; resulta esta cuestión alcanzada por la aptitud jurisdiccional a que se refiere el art. 40 del decreto ley 1285/58. Tal situación se diferencia de lo tratado en el caso "Tarifa, Carlos c/ YPF s/proceso de conocimiento", en el que se involucraba una prestación accesoria a un despido incausado y de raigambre -verosimilmente- indemnizatoria, distinguiéndose muy especialmente del régimen instaurado por el art. 8 de la ley 24145. En tales casos, la justicia competente es la civil y comercial federal (del dictamen del Procurador General de la Nación, al que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re CSJN Competencia No. 387 XXXIV "Albornoz, Domingo c/ YPF SA s/ proceso de conocimiento", del 17/11/98).

Causa 1895/03. Fecha 23/7/03. SI 9677. "Ruiz Díaz, Marcelo y otros c/ Estado Nacional, Ministerio de Economía s/ part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala X. Simón. Corach.



Corresponde declarar la aptitud jurisdiccional de la justicia (civil y comercial) federal por aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Albornoz, Domingo Acencio c/ YPF".

Dictamen 38428. Fecha 1/7/04. "Mirabelli, Oscar Ramón y otros c/Ministerio de Economía s/ part.accionariado obrero". En igual sentido, dictamen 26741 del 29/3/99 en autos "Rindertsma, Santiano c/YPF s/ part. accionariado obrero".

Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.



1 .2. PRESCRIPCION




Plazo bienal (art. 256 LCT)

Plazo decenal (art. 4023 CC)

I


Pirroni. Puppo.

II


Rodríguez. González.

III

Guibourg.

Eiras. Porta

IV


Moroni. Lasarte.

V


García Margalejo. Morell.

VI

Capón Filas.

De la Fuente. Fernández Madrid.

VII


Ruiz Díaz. Rodríguez Brunengo.

VIII


Morando. Billoch.

IX


Pasini. Zapatero de Ruckauf.

X


Simón. Scotti.

FG


Alvarez




Plazo. El derecho reclamado a acceder a las PPP se funda en la normativa específica de reforma del Estado, emitida en el marco de las leyes 23.696 y 23.697 y que desborda el marco del contrato de trabajo. Si bien el actor debía ser empleado de la demandada para acceder al P.P.P. esa sola circunstancia no habilita la aplicación del art. 256 L.C.T., sino que se impone la aplicación del plazo decenal del art. 4023 del Código Civil, atento la ausencia de una norma especial. En mérito a ello, cualquiera sea la fecha que se tome para el cómputo del plazo señalado, esto es la fecha de corte fijada en el fallo “Antonucci” como cualquiera posterior (desvinculación del actor o implementación del programa), la acción no se encuentra prescripta al haber sido iniciada el 13 de febrero de 1998.-

Causa 1229/98. Fecha: 30/12/02. “Comas, Luis Alberto c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado obrero”.

En igual sentido, SD 80145 del 25/11/02, en autos “Llarull, Jorge c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero"; SD del 26/8/03, en autos “Zenteno Ernesto Esteban c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”; SD del 23/8/02 en autos "Castro c/ YPF".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Pirroni. Puppo.



No corresponde aplicar el plazo bianual de prescripción dispuesto en el art. 256 de la L.C.T., ya que inequívocamente la naturaleza de la cuestión debatida supera el contexto del Contrato de Trabajo, que sólo se vislumbra como un elemento causal generador de un derecho que no proviene del marco regular de nuestra disciplina, por lo que ante la carencia de una norma específica, se impone aplicar el plazo decenal al que alude el art. 4023 del Código Civil, ya que cualquier duda que pudiera suscitar la cuestión, debe ser resuelta a favor del plazo más extenso, en la inteligencia de que como predica nuestro más Alto Tribunal de la Nación, la prescripción en materia patrimonial debe ser analizada con criterio sumamente restrictivo porque, si bien es una defensa legítima, no debe olvidarse que podría contrariar algunos principios de equidad.

Causa: 17093/97. Fecha: 29/09/00. “Montenegro, Sara Ramona c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/part.accionariado obrero”.

En igual sentido, SI 47041 del 15/5/00 "López, Ramón Serapio c/ YPF".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Rodríguez. González.



Resulta aplicable el art. 256 de la L.C.T., ya que no se trata de un crédito que provenga de la relación laboral. Por lo tanto, ante la ausencia de una norma precisa, corresponde aplicar el plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil, ya que cualquier duda que pudiera suscitar la cuestión debe ser resuelta a favor del plazo más extenso, toda vez que la prescripción en materia patrimonial debe ser analizada con criterio sumamente restrictivo. (del voto del doctor Eiras, por la mayoría)

Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04.“Allocco, Ana María c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/Part.Accionariado Obrero”.

En igual sentido, SD 75547 del 30/12/97 "Garijo, Victoriano c/ YPF SA; SD 76607 del 22/5/98, "Martínez, José c/ YPF SA"; SD 85422 del 18/11/03 "Lazarte, Luis cY YPF".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Porta. Eiras

Los fallos in extenso se encuentran disponibles en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


El derecho que se pretende sólo encontraría fundamento en la permanencia del contrato de trabajo ya que, de cualquier modo, sólo alcanza a empleados; y, en este entendimiento, resulta aplicable el art. 256 de la L.C.T. (del voto del doctor Guibourg, por la minoría)

Causa 11970/97 Fecha: 5/5/99, SD 78837 "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF"

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.


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