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Ypf. Programa de propiedad participada

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Fecha de corte: 7/7/93. La ley 23696 dispuso que Yacimientos Petrolíferos Fiscales estaba sujeta a privatización y previó que en esa y otras empresas en tal situación se organizarían programas de propiedad participada, para que los trabajadores dependientes, usuarios y productores que en ese momento estaban relacionados con la empresa estatal, tuvieran derecho a adherirse a ellos adquiriendo las acciones correspondientes. En ese contexto normativo deberá establecerse si el actor manifestó su voluntad de adherirse al programa referido adquiriendo a título oneroso las acciones cuyo importe reclama. En este sentido, dado que la baja del actor es anterior al 7/7/93, fecha en que el organismo estatal fue privatizado, no cumplió con el requisito de onerosidad exigido por la norma legal para la calificación del empleado-adquirente en el programa de propiedad participada.

Causa 4050/98. 03/12/99. “Diesel, Carlos Alberto c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro s/Part.Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vázquez Vialard. Puppo.


El hecho de que el Estado no haya obrado con la transparencia necesaria, al no publicar las resoluciones administrativas que creaban y organizaban las acciones de propiedad participada, no configura fundamento suficiente para otorgar al peticionante derecho alguno sobre las acciones que no fueron abonadas, en tanto no reunió los recaudos para acceder a la titularidad. La adquisición de las acciones se iba produciendo paulatinamente, de acuerdo a lo que fuera voluntariamente acordado, diseñándose un sistema que implicaba restricciones a la libre disponibilidad de tales acciones, sin que se advierta que ello contradiga los objetivos tenidos en cuenta al fijarse las pautas generales de los programas de propiedad participada.

SD 75739. Fecha: 22/3/00. "Fredes, Horacio c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA y otro s/ part. acc. Obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vilela. Puppo.



Fecha de corte: 7/7/93. Sobre el tema del reconocimiento del derecho de las acciones clase “C” de Y.P.F. S.A. debe destacarse que la ley 23696 constituyó el marco normativo que autorizó al Poder Ejecutivo a proceder a la privatización de las empresas del Estado pero careció de operatividad por sí misma, ya que requería que fuera integrada mediante la instrumentación correspondiente, por lo que a los efectos de implementar la mutación proyectada por dicha norma legal debieron emitirse otros dispositivos jurídicos de diverso origen, que comenzaron con el decreto 2778/91 que dispuso la transformación de la empresa en sociedad anónima, y que posteriormente se complementó por medio de las resoluciones conjuntas 462/93 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 482/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, las que pusieron de manifiesto el apartamiento del régimen de propiedad participada de aquellos trabajadores que ya no integraban el plantel del ente privatizado a la época del acuerdo general de transferencia o que habrían optado por el retiro voluntario, por lo que ningún derecho derivado de dicho sistema puede invocarse en tanto la desvinculación laboral se hubiese operado con anterioridad al 7/7/93, al considerarse a esa fecha como la de efectiva instrumentación del P.P.P. ya que la misma constituyó el momento en que se colocaron en los mercados de valores las acciones clase “D”, habiéndose depositado en el banco fideicomisario el 27/10/93 los dividendos correspondientes a las acciones clase “C”, empezando así a generarse derechos económicos a los empleados adherentes al sistema.-

Causa: 17093/97. Fecha: 29/09/00. “Montenegro, Sara Ramona c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/part.accionariado obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Rodríguez. González.


Fecha de corte: 7/7/93. Sólo los trabajadores cuyo cese se produjo después del 7/7/93 son los que tienen derecho a adquirir los títulos en el marco del llamado programa de propiedad participada. Esto es así, toda vez que la ley 23696 es de naturaleza programática y recién a partir de la fecha indicada se colocaron en los mercados de valores de las acciones clase "D", habiéndose depositado el 27/10/93 en el banco fideicomisario los dividendos correspondientes a las acciones clase "C", oportunidad ésta en la que recién comenzaron a generarse los derechos económicos de los empleados adherentes.

SD 85772. Fecha: 30/4/99. "Yavi, Norberto c/ YPF SA s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Bermúdez. Rodríguez.



El decreto 2778/90 (B.O. 11.1.91) decidió a partir del 1ro. de enero de ese año la transformación de la sociedad estatal en sociedad anónima, YPF S.A., según lo dispuesto por la ley 19.550 y, previo cumplimiento de la ley 23.696, sus acciones serán ofrecidas en bolsas y mercados bursátiles y también en licitaciones, YPF S.A. debía iniciar inmediatamente, los trámites a tales fines. Ésta es la fecha de privatización de la empresa porque la ley 24.145 (B.O. 6.11.92) dispone y el decreto 546/93 (B.O. 5.4.93) lo ratifica que el Estado Nacional asume todos los créditos y todas las deudas de Y.P.F. sociedad del Estado existentes al 31 de diciembre de 1990, debiendo mantener indemne a YPF S.A. de todo reclamo que se realice por esas cuestiones (art. 1 del decreto 546 y art. 9, tercer párrafo, de la ley 24.145).(Del voto de la doctora Porta, por la mayoría).

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


No debe confundirse la privatización de la empresa estatal YPF, con la privatización de su capital social dispuesta por la ley 24.145, en virtud de la cual el Estado Nacional y las provincias debían enajenar conjuntamente, mediante los procedimientos previstos por dicha normativa, y en proporción a sus respectivas tenencias, las acciones de las que resultaren titulares en un porcentaje no inferior al 50% del capital social de YPF S.A. (art. 9). (Del voto de la doctora Porta, por la mayoría).

Causa: 11970/97 Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


El legislador dispuso la privatización de YPF y ésta se concretó cuando se transformó en sociedad anónima (31.12.90), aún cuando para entonces su capital social estuviera en manos del Estado. Corrobora esta conclusión la circunstancia de que tanto la ley 24.145 como el decreto 546/93 dispusieran que el Estado sólo asumiría los pasivos de la empresa existentes a aquella fecha a la vez que confería una garantía de indemnidad a la sociedad anónima. Asimismo, la Resolución 72/95 de fecha 27.5.95 del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos que invoca la empresa en su responde robustece aquella conclusión dado que instruyó al Banco de la Nación Argentina para que distribuyera las acciones Clase C de YPF S.A. entre todos los empleados de dicha empresa al día 7 de julio de 1993 que hubieran comenzado su relación laboral con anterioridad a la privatización de la misma. (Del voto de la doctora Porta, por la mayoría).

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.


El régimen de Propiedad Participada no era meramente programático en el esquema de la ley 23.696. Conviene recordar como regla de interpretación que las condiciones deben cumplirse de manera en que las partes verosimilmente quisieron y entendieron que habían de cumplirse (art. 533 del Código Civil). La voluntad unilateral es fuente de derecho en el plano de las relaciones individuales (en sentido análogo, SD Nro. 71.642 del 31.5.96, in re "Spahn, Mario Andrés y otros c/ Autolatina Argentina S.A.", del registro de esta Sala y mi voto en Fallo Plenario Nro. 291 del 28.10.97, Acta 2255, en autos "López, Luciano Andrés c/ Y.P.F. S.A."), cuanto más cuando, como en el caso, esta expresión emana del Estado, en concreto del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de la facultad reglamentaria que le compete y ello adquiere singular relevancia cuando se advierte que el Estado era por entonces tanto el empleador y propietario del ente a privatizar como el titular de la totalidad de las acciones de YPF S.A., parte de las cuales debía destinar a su personal. (Del voto de la doctora Porta, por la mayoría).

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


Quienes prestaban servicios para la empresa estatal en diciembre de 1990 y a partir de enero de 1991 pasaron a depender de la sociedad anónima tienen derecho -en principio- a ser parte del programa en discusión. Las disposiciones posteriores de jerarquía inferior no pueden afectar aquel derecho por cuanto no se trata de leyes dictadas por el Congreso. Como destacara el Dr. Morando "...una resolución ministerial acto de virtualidad normativa interna, que sólo se extiende a los aspectos procesales de ejecución a cargo del respectivo departamento de lo dispuesto en las normas superiores atributivas de derechos, carece de todo efecto frente a los potenciales titulares del derecho a participar del P.P.P. ...". (Del voto de la doctora Porta, por la mayoría).

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


La ley 23.696 no creó derechos a favor de los particulares sino que, en lo central, otorgó facultades a otro poder del Estado para que, eventualmente y de acuerdo con algunas modalidades que se pautaban, creara tales derechos.(Del voto del doctor Guibourg, por la minoría)

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


La razón por la cual algunas líneas argumentales entienden que este decreto implica la privatización de YPF se encuentra vinculada al modo en que el término “privatización” sea definido; esto es, si consideramos definitoria la aplicabilidad de las mismas normas que regulan la actividad privada (y consideramos que el Estado actúa en esas mismas condiciones) o si, por el contrario, entendemos relevante la participación de los particulares (en alguna medida) en la composición y el gobierno de la sociedad. Aun cuando en el caso se previó la aplicación de la ley 19.550, no debe olvidarse que esta misma norma regula la actividad de aquellas sociedades anónimas en que la participación del Estado sea mayoritaria e introduce normas que pueden considerarse una excepción al universo jurídico que regla la actividad entre los particulares: es necesaria la autorización legal para la enajenación de acciones que implique la pérdida de la situación mayoritaria del Estado y no resulta factible una declaración de quiebra (arts. 313 y 314 de la mencionada ley). En el caso, la transferencia de YPF se operó el 7 de julio de 1993, oportunidad en que las acciones de la referida sociedad fueron colocadas en el mercado de valores. (Del voto del doctor Guibourg, por la minoría)

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


La ley 23.696, que incorporó el novedoso sistema de propiedad participada, no previó más que un conjunto de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, quien quedaba en condiciones de decidir, de acuerdo con sus propios criterios de oportunidad y conveniencia, las empresas que podían ser privatizadas, la modalidad más adecuada para llevar adelante tal proyecto, la posibilidad de constituir un programa de propiedad participada, la selección de la clase de sujetos que podrían incluirse en tal programa y la medida de tal participación. La actividad parlamentaria desarrollada en el tiempo que transcurriera a partir del dictado de la ley 23.696 confirma que el Poder Ejecutivo no ha reglado del modo esperado, al menos por parte de los legisladores, la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas que resultaron privatizadas (Diarios de Sesiones 1.424-D-98, 2.026-D-98, 5.370-D-97). Sin embargo, tampoco en tales declaraciones se establece qué norma concreta habría sido violada por el Poder Ejecutivo; por el contrario, el cuestionamiento parece dirigirse al modo en que el Ejecutivo habría reglamentado cuando, cabe recordarlo, tenía amplísimas facultades para ello. En consecuencia, la ley 23.696 y los decretos sucesivos sólo establecieron un programa, donde resultaba indispensable el dictado de normas operativas posteriores. Para la hipótesis de que alguna de estas normas fuera considerada operativa, esta operatividad en modo alguno podría considerarse configurada antes de concretarse la privatización, hecho que ocurrió con la firma del acuerdo general de transferencia. (Del voto del doctor Guibourg, por la minoría).

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.


Fecha de corte: 7/7/93. Aun cuando diversos actos que suponen el funcionamiento del programa no transcurrieron sino en 1994, el programa estuvo en vigencia entre el 7 de julio de 1993 (fecha de la privatización) y el 30 de mayo de 1997 (oportunidad en que el decreto 638 del Poder Ejecutivo aceptó la venta de las acciones clase "C"). Quienes se desempeñaban en YPF S.A. al 7 de julio de 1993 tenían derecho, no ya a algún número determinado de acciones, sino a ser incluídos en el programa. Ante la referida falta de publicidad de las normas que instrumentaron el sistema y la ausencia de elementos que permitan sostener que el Estado había notificado de algún modo fehaciente al trabajador la posibilidad de ingresar al mismo, no corresponde exigir al trabajador el cumplimiento de recaudo alguno. La implementación del programa, aunque escasamente prolija y decididamente informal, resultó ser retroactiva y es ésta, entonces, la medida de la obligación del Estado. (Del voto del doctor Guibourg, por la minoría)

Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".

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