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Ypf. Programa de propiedad participada

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Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.



Fecha de corte: 7/7/93. La ley 23696 enunció pautas programáticas de las cuales el derecho pretendido recién nacerá con la pertinente reglamentación del área ejecutiva y tal operatividad no se había concretado, al menos hasta el 7/7/93, fecha de la efectivización de la transferencia de YPF, razón por cual quienes egresaron con anterioridad a dicha fecha carecen de titularidad al pretendido beneficio. (Del voto del doctor Moroni, por la mayoría, al que adhirió doctor Lasarte).

SD 84312. Fecha: 13/9/99. "Alvarez, José Fernando c/ YPF y otro s/ PPP".

En igual sentido, "Sepúlveda, Rubén c/ YPF SA s/ PPP" SD 84168 del 31/8/89.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV. Moroni. Lasarte. Guthmann.


Fecha de corte: 1/1/91. La fecha de corte a tener en cuenta para el trabajador que se desvinculó de la empresa con anterioridad al reclamo de las acciones clase "C" es aquella en la cual se transformó la sociedad estatal en sociedad anónima, es decir, cuando se privatiza el ente en si (no cuando se lo habilita para que en el marco de la ley 23696, artículo 9 párrafo 2, anexo 1 párrafo 3, pueda concretar concesiones, asociaciones y/o contratos de locación en áreas de exploración y explotación o constituir sociedades mixtas para áreas de recuperación asistida). Dicha fecha es el 1/1/91, ya que la ley 23696 del 17/8/89 sólo impone una decisión de carácter general y programática, implementada recién por el decreto 2778 del 31/12/90. (Del voto de la doctora Guthmann, por la minoría).

SD 84312. Fecha: 13/9/99. "Alvarez, José Fernando c/ YPF y otro s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV. Moroni. Lasarte. Guthmann.



Fecha de corte: 14/11/92 (ley 24145). Si la relación de trabajo se extinguió unos meses antes de la publicación de la ley 24145, el autor no reunía el requisito para acceder al derecho a las acciones de propiedad participada establecido por la ley citada y el decreto 546/93. En consecuencia, los efectos patrimoniales del despido quedan determinados por las normas en vigencia al tiempo de ejercer el poder de denuncia del empleador. La ley 23696 no altera tal conclusión porque sólo traza una directiva a tener en cuenta en los procesos de privatización de empresas públicas, pero no cercena el poder del patrono, simétrico al del trabajador, de poner fin a la relación de trabajo por su sola voluntad, sin otra consecuencia que el pago de las tarifas indemnizatorias al tiempo del acto extintivo.

SD 63253. Fecha: 7/7/00. "Guanca, Marcelino c/ YPF s/ despido".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Morell. Lescano.


Fecha de corte: 7/7/93 La real privatización de la empresa, tal como sostuviera en numerosos precedentes siendo magistrada de primera instancia (juzgado 43) se produjo con la transferencia de los activos de YPF al capital privado concretándose mediante la oferta de las acciones en los mercados de valores, tomándose como fecha de corte el 7/7/93. Esta opinión coincide con los votos de la minoría del caso "Antonucci, Roberto c/ YPF SA y otro s/ part. acc. obrero" del 20/11/01 de la CSJN. De todas maneras, y dejando a salvo mi opinión, el recurso debe resolverse de acuerdo a la pauta sentada en el fallo aludido, votos de la mayoría. Se aclara que la opinión de la suscripta es la misma aún después del dictado de la sentencia en el caso "Gerry", no obstante lo cual es de destacar que al día de la fecha, debe considerarse asimismo el dictado de la ley 25471 que fue vetada totalmente por el decreto 1477/01 y promulgada de hecho conforme la insistencia del Poder Legislativo el 3/10/02. Dicha norma reconoce el derecho a acceder al PPP a los ex agentes de YPF Sociedad del Estado encuadrados en el art. 1º o sea quienes se desempeñaban en relación de dependencia con YPF SA al 1/1/91 y que hubiesen comenzado su relaciób laboral antes de esa fecha. por su parte. el decreto 1077/03 estableció el valor promedio para el cálculo de la indemnización que el Estado Nacional reconoce a aquellos ex agentes y reglamenta el procedimiento a seguir.(Del voto de la Dra. Garcia Margalejo).

CNAT Sala V Expte nº 7451/98 sent. 67235 21/9/04 "Dominguez, Esteban c/ YPF SA y otro s/ part. acc. obrero". (GM.- M.-)



Fecha de corte: 1/1/91. El derecho del actor a la percepción de las acciones clase "C" (PPP) nace con el dictado de la ley 23696 con a) la declaración formulada en la misma norma de que YPF sociedad del Estado era una empresa sujeta a privatización y de b) su transformación en SA, operada en virtud del decreto No.2778 de fecha 31/12/90. El dictado de normas posteriores tendientes a brindar precisión a aspectos relacionados con la mecánica de adquisición y pago de las acciones, pago de dividendos, etc., no constituye fundamento válido para limitar el universo de los trabajadores (potenciales adquirentes del capital accionario de la empresa a privatizar), a aquellos cuyos contratos de trabajo hubieren continuado vigentes a la fecha de sus dictados, porque no se trata de disposiciones autónomas sino de normas complementarias de la ley 23696. (del voto del doctor Fernández Madrid, en mayoría, al que adhirió el doctor De la Fuente).

SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.


Si cuando se decide la privatización de YPF SE existen cuarenta mil trabajadores, cien mil usuarios y diez mil productores, todos ellos podrán ser sujetos adquirentes de las acciones, participar en el capital y en el gobierno de la empresa. Ahora bien, si cuando se concreta el programa, treinta mil trabajadores ya no trabajan más, cincuenta mil usuarios cambiaron de marca en el mercado y tres mil seiscientos productores proveen exclusivamente a la competencia, carece de sentido que participen en la empresa los que no trabajan en ella ni consumen sus productos ni proveen sus insumos, porque carecen de interés en una empresa que les resulta existencialmente ajena. (Del voto del doctor Capón Filas, por la minoría).

SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.


Los antiguos trabajadores que entre la privatización de YPF (1/1/91) y la concreción del PPP (2/12/94) que hubieran dejado de trabajar tienen derecho a ser indemnizados por el perjuicio causado desde la Administración a sus intereses siempre que, estando trabajando, hubiesen iniciado ante juez competente la acción para que fijara un tiempo oportuno para cumplir la obligación de concretar el PPP. Como ninguna de las normas reseñadas impone un término a la administración para concretar el PPP, su obligación carece de plazo (CC 509). A partir de ahí, los interesados hubieran podido accionar para que un juez establezca el plazo dentro del cual la Administración hubiera debido implementar el programa. Firme la sentencia, la Administración ya no dispone de una facultad intemporal sino debe cumplir su cometido en el plazo establecido. Vencido el mismo, la Administración incumple su obligación con todas las consecuencias del caso, entre ellas, indemnizar a quien ha perjudicado por no haber concretado el PPP. Si el interesado simplemente guardó silencio ante la tardanza de la Administración, al no haber habido incumplimiento moroso por parte de ésta, carece de derecho indemnizatorio alguno. (Del voto de Capón Filas, por la minoría).

SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.


No habiendo plazo determinado o determinable, la obligación carece de exigibilidad, esto es, no ha completado su formación, no reuniendo todos los elementos esenciales para llevar aparejada ejecución en caso de incumplimiento. (Del voto de Capón Filas, por la minoría).

SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.


Fecha de corte: 1/1/91. La fecha de corte, elemento definitorio de pertenencia o no al sistema de los ex -dependientes de YPF Sociedad del Estado, que es el ente sujeto a privatización, es el 1 de enero de 1991, fecha en la que aquélla se convierte efectivamente en YPF SA- Quienes se hallaban entonces en situación de dependencia de aquélla, y que pasaron a ser empleados de ésta, para lo cual ningún acto ni trámite era menester, tienen derecho a la adjudicación de acciones clase "C", a través de una opción de carácter individual a título oneroso.

Causa 1307/99 SD 35688 del 18/9/01 "Acosta, José c/ YPF SA s/PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VII. Ruiz Díaz. Billoch. Morando.


Fecha de corte: 1/1/91. La fecha de corte, elemento definitorio de la pertenencia o no al sistema de los ex dependientes de Y.P.F. Sociedad del Estado –que es el ente sujeto a privatización- es el 1 de enero de 1991, fecha en la que aquélla se convierte efectivamente en Y.P.F. Sociedad Anónima. Quienes se hallaban, entonces, en situación de dependencia de aquélla, y que pasaron a ser empleados de ésta, para lo cual ningún acto ni trámite era menester, tienen derecho a la adjudicación de acciones clase “C”, a través de una opción de carácter individual, a título oneroso.

Causa 2178/98. Fecha: 26/02/99. “Milano, Héctor Alfredo c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.



La ley 23696 reguló en forma genérica todo el régimen legal aplicable a los PPP, determinando que la adopción e implementación de este instituto en la privatización de cualquiera de los entes del Estado a privatizar, es totalmente facultatitva de la autoridad de aplicación (basada en el criterio de conveniencia u oportunidad), dado que constituye una modalidad más de las previstas para llevar a cabo la privatización de las unidades económicas cuya titularidad estaba en cabeza del Estado.

SD 5857. Fecha 31/5/99. "Crapella, Pedro c/ YPF SA y otro s/part. acc. Obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Zapatero de Ruckauf. Pasini.


Fecha de corte: 14/11/92 (ley 24145). Sólo aquellos empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales cuyo vínculo se hallare vigente a la fecha de entrada en vigencia de la ley 24145 (14/11/92) tienen derecho a adquirir en el PPP de YPF SA, siempre y cuando no fuere personal eventual, contratado, funcionarios o asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias (cfr. inc. a) art 22 ley 23696). Esto es así porque recién con la ley 24145 se dispuso la adopción de un programa de propiedad participada que combinó la privatización de los activos de la sociedad con la privatización de sus acciones (art. 9 de la ley citada).

SD 5857. Fecha 31/5/99. "Crapella, Pedro c/ YPF SA y otro s/part. acc. Obrero".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Zapatero de Ruckauf. Pasini.



Fecha de corte: 1/1/91. Resulta inadmisible descartar el derecho a estar incluido dentro del programa de propiedad participada a quienes se alejaron de la empresa antes de que se devengaran los dividendos en base a los cuales se abonarían las acciones. El hecho de que así se hubiera instrumentado posteriormente no implica que hasta ese momento no fuesen adquirentes plenos (aún cuando no habían abonado el precio) dado que una cosa es la forma de cancelación del precio y otra muy distinta la titularidad de las acciones o el derecho a ellas.

SD 5829. Fecha 19/3/99. "Antonucci, Roberto c/ YPF SA y otro s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala X.


Fecha de corte: 1/1/91. El artículo 22 de la ley 23696, que es la causa fuente de todo el sistema, sólo se refiere a los "empleados del ente a privatizar" y utiliza un lenguaje amplio para luego aclarar cuáles son las taxativas exclusiones. (…) Los trabajadores tenían derecho a adherirse al sistema y a acceder a las acciones y existe responsabilidad del Estado por no haberles permitido la inclusión en el diseño mismo de la propiedad participada. Se imponía una convocatoria precisa de los trabajadores en el ámbito de un sistema que debía prescribir la forma en que éstos expresarían su intención de adherir.

Dictamen 25549 del 1/9/98 en autos "Blanco Zalazar, Diego Ramón c/ YPF s/PPP".

Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.



1.3.2. CRITERIOS POSTERIORES AL FALLO "ANTONUCCI" DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL 20/11/01


Tanto del texto como del mensaje de elevación de la ley 23.696 se desprende que existía la clara intención de que las medidas a adoptarse no generasen perjuicio a los trabajadores cuya salvaguarda fue reflejada de diversos modos (arts. 41 a 45 de la ley). (por la mayoría)

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención: Fayt. A. 530. XXXV. Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ part. accionario obrero. 20/11/01 T. 324, P. 3876


Los programas de propiedad participada aparecen como instrumento eficaz en orden a tornar efectivos los derechos consagrados a favor de los trabajadores en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. (por la mayoría)


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