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Ypf. Programa de propiedad participada

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Sala II. González. Bermúdez.


El 20 de noviembre de 2001, en autos “Antonucci, Roberto c/Y.P.F.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en sentido incompatible con el que sustento en relación con la fecha que establece el límite al derecho a participar en los programas de propiedad participada. Sin mengua del respeto debido a la investidura del alto Tribunal, la doctrina por él establecida no es jurídicamente obligatoria para los tribunales inferiores, que conservan la atribución de juzgar según su propio criterio, aunque desde luego lo que decidan se halle sujeto a eventual revocación por vía de recurso extraordinario. Esta última consideración me ha llevado en otros casos a acatar la doctrina del Superior por razones de economía procesal sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión en contrario. La aplicación de esta actitud se halla sujeta, sin embargo, a razones de conciencia. En el presente tema, a partir de mi voto en la causa “Núñez” tengo una fuerte convicción en sentido general coincidente con el voto de la minoría en el caso “Antonucci” y prefiero mantenerla en la presente decisión aun en las condiciones precedentemente señaladas.(del voto del doctor Guibourg, por la minoría)

Causa No. 47660/95. SD 83447 del 15/4/02. "Testa, Hugo Daniel c/ YPF SA"

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III.

El fallo in extenso se encuentra disponible en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.

La temática sometida a consideración ha sido abordada en numerosos precedentes, adoptando el criterio trazado por la Corte Suprema en la causa “Antonucci Roberto c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”, remarcando que la ley 23696 expresa un verdadero sistema destinado a la transformación del Estado, donde se destaca como elemento singular la política de privatizaciones, presentándose así la norma como un verdadero estatuto para las mismas, estableciendo entre otros aspectos la protección del trabajador de la empresa “sujeta a privatización”, desprendiéndose de su texto la clara intención de que las medidas a adoptarse no generasen perjuicio a los trabajadores, cuya salvaguarda fue reflejada de diversos modos. Asimismo el Alto Tribunal rechazó los argumentos relativos a que la fecha de corte debe situarse para los empleados que mantuvieran la relación de dependencia al 7/7/93, así como el referido a la suscripción del Acuerdo General de Transferencia, descartando la intención posterior del decreto 628/97 de convalidar lo dispuesto en las disposiciones ministeriales que avanzaron sobre la reglamentación de los P.P.P. de la ley 23696, no sólo por su falta de publicación en el Boletín Oficial sino por la ausencia de razonabilidad y su exceso en el ejercicio de las competencias ministeriales. (Del voto de la Dra. Rodríguez).

Causa: 11168/98 Fecha: 10/12/02. “Sosa, José Alfredo c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros. s/ Part. Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Rodríguez. García Margalejo. Morell.


Sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre la controversia, considero que el recurso debe resolverse de acuerdo con la pauta sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero” (votos de la mayoría); ello por haber expresado el Alto Tribunal que es indiscutible el carácter obligatorio de sus decisiones y que los jueces tienen el deber de conformar las suyas a las de ese Tribunal. Por tales razones y aunque mi opinión personal coincide con el criterio de los votos en disidencia en el citado caso “Antonucci” que llegaron a la conclusión de que la transferencia de los activos de Y.P.F. al capital privado solamente pudo concretarse mediante la oferta de las acciones en los mercados de valores, propiciaré se revoque la sentencia de grado que rechaza la acción contra el Estado Nacional (del voto de la doctora García Margalejo).

Causa No. 11168/98. Fecha: 10/12/02. “Sosa, José Alfredo c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros. s/ Part. Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Rodríguez. García Margalejo. Morell.


Las cuestiones litigiosas de autos han sido zanjadas definitivamente por la doctrina sentada por la CSJN en la sentencia "Antonucci", a la que corresponde atenerse.

Causa No. 11168/98. Fecha: 10/12/02. “Sosa, José Alfredo c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros. s/ Part. Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ part. Accionariado Obrero” del 20/11/01 estableció como pautas de aplicación del programa de propiedad participada de Y.P.F., continuando en lo sustancial, los puntos de vista expuestos por esta sala en la causa “Milano, Héctor Alfredo c/ Y.P.F. S.A. s/ part. Accionariado obrero” (SD 27.508 del 26/2/99) los siguientes: 1) que la privatización de Y.P.F. tuvo lugar el 1/1/91, fecha desde la cual se constituyó en sociedad anónima regida por la ley 19.550 (conf. decreto 2778/90); 2) que son sujetos legitimados para participar en dicho programa los trabajadores del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia –al momento de la firma del acuerdo general de transferencia, conforme las resoluciones ministeriales conjuntas dictadas con posterioridad a la ley 24.145-, salvo personal eventual, contratado y funcionarios y asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias (cfr. art. 22 de la ley 23.696). Agregó que “ … por su parte, las resoluciones conjuntas 1.507/94 del M.E.y O.S.P. y 1.270/94 del M.T. y S.S., aprobaron tal acuerdo, el formulario de adhesión al programa, el convenio de sindicación de acciones y el contrato de fideicomiso. Posteriormente, por res. 72/95 del M.E. y O.S.P. se instruyó al Banco de la Nación Argentina a fin de que proceda a distribuir las acciones clase “C” de Y.P.F. entre todos los empleados de dicha empresa que al 7 de julio de 1993 se encontraban en relación de dependencia. La intención posterior del dec. 628/97 de convalidar lo dispuesto en ellas no puede surtir efecto, pues la inoponibilidad que les signa su falta de publicación en el Boletín Oficial, se suma una ausencia de razonabilidad y un exceso en el ejercicio de las competencias ministeriales, todo lo cual –afirma el Alto Tribunal- conspira contra su adecuación al texto constitucional”.

Causa No. 26641/97. Fecha: 28/5/02 "Merino, Juan Bautista y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro s/ Part. Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.


A la luz de la doctrina sentada por la CSJN en la causa "Antonucci, Roberto c/ YPF SA s/ PPP" del 20/11/01, la cual debe ser lealmente acatada en resguardo de la seguridad jurídica, la sala revisa el criterio y adopta el del más alto Tribunal por razones de buen orden institucional y economía procesal, sin perjuicio de dejar a salvo la opinión.

Causa 1133/98 Fecha 31/10/02 "Nievas, Samuel c/ YPF s/ PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Balestrini. Zapatero.



1.3.3. CRITERIOS POSTERIORES A LA LEY 25471



En la causa no sólo se cuestionó la fecha, llamada de "corte", sino también, en algunos casos, que no se haya reconocido a los reclamantes derecho alguno por no haber existido una adhesión expresa al PPP: y, en otros, que no se hubiese admitido las diferencias por el valor de mercado de las acciones que le hubiesen correspondido de no haberse producido la extinción del vínculo. El art. 2 de la ley 25471 reconoce una indemnización económica a los agentes que no hubiesen podido acogerse al PPP por causas ajenas a su voluntad o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Dicha reparación económica resulta de valuar la cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas del art. 27 de la ley 23696 sobre la base de los datos de ingreso y egreso -si correspondiere-, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa (inciso a). Además contempla la diferencia económica entre el valor de los libros de tales acciones -el que hubieran debido saldar los ex agentes-, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta (inciso b). El anexo que acompaña el decreto 1077/03 establece el valor de mercado por acción en $ 29,25, mientras que el valor de libros por acción resultó de $ 18,05, ambos vigentes a julio de 1997, con una tasa de interés equivalente a la tasa activa. Del dictamen del Procurador General, al que adhirió la mayoría.

"Gerry, Roberto c/ YPF s/PPP", sentencia del 26/8/03.

Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Parece necesario que en la presente causa se resuelva conforme a derecho, previo a escuchar a las partes, en la medida que no resultaría insustancial pronunciarse efectivamente cuando no hacerlo implicaría confirmar una decisión que pudiese provocar una consecuencia contraria al tema decidido por el máximo Tribunal en el antecedente "Antonucci" y que, además, ha sido ratificado por normas nacionales adecuadas a dicho pronunciamiento y que pudiera dar respuesta al reclamo de los actores. Del dictamen del Procurador General, al que adhirió la mayoría.

"Gerry, Roberto c/ YPF s/PPP", sentencia del 26/8/03.

Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Si el actor se desvinculó con posterioridad a la fecha de corte establecida en el fallo "Antonucci" le asiste derecho a reclamar por daños y perjuicios. El mentado criterio fue reiterado por el Supremo Tribunal en el caso "Gerry c/ YPF".

Causa 3089/98. SD 81716 del 21/5/04 "Romero, Lucio Gaspar c/ YPF s/PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vilela. Puppo.

Dado que los trabajadores formaron parte del programa, suscribieron en tal carácter el acuerdo general de transferencia y consintieron la forma en que se liquidarían las acciones, no resulta aplicable al caso el reconocimiento efectuado en el art. 2 de la ley 25471.

Causa No. 24231/97. SD 80460 del 17/3/03. "Santana, Armando c/YPF SA s/PPP".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Pirroni. Vilela.



El dictado de la ley 25471 no ha tornado abstracto el reclamo de reparación por PPP, ya que sólo contempla el pago de una indemnización para quienes se encuentran dentro del supuesto allí establecido, lo cual no obsta la posibilidad de que la pretensión se acoja mediante una decisión judicial, que reconozca el derecho de los trabajadores por haberse negado la posibilidad de participar en el programa de participación accionaria de la demandada.

Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.


Corresponde hacer lugar a la acción, dado que se encuentra fuera de discusión que el trabajador se hallaba en situación de dependencia al 1/1/91, que constituye el presupuesto al que cabe condicionar el reconocimiento del derecho a participar en el capital accionario de YPF SA, que incluso ha sido recepcionado por la ley 25471, que extiende el reconocimiento de estos derechos a la totalidad del personal dependiente de la empresa en tal situación de egreso.

Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.


El decreto 1077/03 complementa, en cierto modo, la ley 25471, ya que en su artículo 1 fija la indemnización reconocida en el art. 2 de la ley en la suma de $ 23.728. No puede soslayarse que como surge del considerando del decreto dicha suma estipula como "valor promedio a partir del cual se fijará el monto indemnizatorio que corresponderá a cada beneficiario", de los encuadrados en el art. 1 de la ley 25471, de modo que no incluye a los ex agentes con juicio pendiente que el propio decreto 1077/03 prevé que pueden acogerse mediante el procedimiento que para aquellos que hubieran o no obtenido sentencia se indica en los arts. 2 y 3, ya que de haberse fijado como regla general dicha indemnización para todos los casos, podría producirse la alteración de la cosa juzgada en procesos en curso. De cualquier modo, el importe que resulte del cálculo nunca podrá ser inferior al previsto en el decreto 1077/03, en cuyo supuesto se reconocerá el mismo con los intereses que la indicada norma determina.

Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.



Toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.696, los empleados que tenían derecho a intervenir en el programa de propiedad participada eran (los) “…del ente a privatizar”, no cabe sino concluir que tal norma se refiere al personal de Y.P.F. que se encontraba prestando servicios para la misma al momento de dictarse la norma jurídica que declaró la empresa sujeta a privatización y la convirtió en una sociedad anónima, esto es el decreto 2778/90, pues a partir de entonces la concreción del Programa de Propiedad Participada se tornaba imperativo. En consecuencia, el derecho a ser titular de las acciones compete a aquellos empleados que se encontraban bajo relación de dependencia con Y.P.F. al 1/1/91 (cfs. Arts. 22 ley 23696, 23 decr.1105/89 y 1 decr.2778/90, en sentido análogo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sent. del 20/11/01 “Antonucci, Roberto c/Y.P.F. y otro s/Part. Accionariado Obrero”). (Del voto mayoritario de la Dra. Porta, al cual adhiere el Dr. Eiras).-

Causa: 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg. Porta. Eiras.


Nacimiento del derecho con el dictado de la ley 25471. La ley 25471 redefinió el alcance del art. 8 ap. c) de la ley 24145 y reconoció una indemnización económica a favor de los ex agentes de YPF Sociedad del Estado (…) que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo o que, incorporados, hubiesen sido excluídos. De tal modo, para estar incluído en el ámbito de aplicación personal de la nueva norma deben cumplirse los siguientes recaudos: a) haber sido empleado de YPF, b) haber ingresado con anterioridad al 1/1/91 pero permanecer en el desempeño a esa fecha (art. 1); y c) haber visto imposibilitado el acceso al programa de propiedad participada “por causas ajenas a su voluntad, en razón de la demora en la instrumentación del mismo” o, incorporado, haber sido excluído (art. 2). La decisión legislativa actual introduce una atípica modificación del marco legal de una pretensión durante el trámite respectivo e impone un nuevo análisis de la cuestión a partir de las normas sobrevivientes. La liberalidad dispuesta por esta norma me impone, así, una reconsideración del criterio que he sostenido sistemáticamente a partir del caso “Núñez, Juan A. y otros c/Y.P.F. S.A.s/Part.Accionariado Obrero”(sent. 5/5/99, donde se explicitaba la improcedencia de los reclamos de los trabajadores), y que he mantenido, incluso, después de la decisión adoptada por la Corte Suprema en “Antonucci”. (Del voto en minoría del Dr. Guibourg).-

Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.


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